En Sesión Solemne de Pleno, el presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado, diputado Antonio Zapata Guerrero, recibió el Informe de Actividades del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado, Juan Pablo Rangel Contreras, en el que informa a detalle sobre las acciones, desarrollo y tipos de resolución a los que ha llegado este órgano jurisdiccional autónomo dentro de los 2 mil 383 demandas y recursos que afirmó que fueron presentados durante el ejercicio 2021.
Rangel Contreras expresó que con base al marco legal aprobado por la Legislatura del Estado, el Tribunal que hoy encabeza es un cuerpo colegiado de impartición de justicia administrativa que hace valer los principios fundamentales señalados en la carta magna, “otorgando una justicia apegada a derecho, pronta y expedita, sin distingo de qué particular o autoridad se encuentren involucrados en cada asunto”.
Sostuvo que aun con las limitaciones presupuestales que tienen, han emprendido acciones administrativas y jurídicas para cumplir su encomienda de la mejor forma: “Somos un tribunal pequeño en estructura, pues lo conformamos tan solo 81 personas, sin embargo, hemos logrado el compromiso total por parte de cada uno de nosotros, para que el tamaño no nos limite la calidad de nuestro trabajo. Tengan la seguridad que somos un Tribunal comprometido al cien con la impartición de justicia, en donde ofrecemos al justiciable resoluciones apegadas a derecho, atendiendo con objetividad, imparcialidad y transparencia la litis que se nos plantea en cada asunto”, afirmó.
Mencionó, en ese contexto, que en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, relacionados con faltas graves, a la fecha la Sala Especializada la integran los titulares de tres juzgados; sin embargo, dijo que el crecimiento de los asuntos que en esa materia se ha presentado en el 2021, los obliga a pensar en la necesidad de crear un Juzgado Especializado en dicho tema, por lo que dijo a las diputadas y diputados que seguramente conocerán de su propuesta, a fin de tener el fortalecimiento requerido.
Comentó al respecto: “Permítanme enfatizar que en materia de responsabilidades administrativas hemos tenido un crecimiento exponencial, dada la trascendencia que a nivel del país ha cobrado el tema de la anticorrupción. Estamos convencidos de ello y nos hemos dado a la tarea de promover entre nuestro personal la permanente capacitación en tan sensible responsabilidad. Solo como dato, les señalo que en el 2021 recibimos 93 demandas referentes a que el Tribunal resuelva sobre la procedencia o no de imponer la sanción propuesta por las autoridades resolutoras de los distintos entes públicos del estado”.
El magistrado presidente afirmó que desde que asumió la presidencia del TJA se ha dado a la tarea de buscar áreas de oportunidad para el mejor desarrollo de sus funciones. En ese sentido destacó que en febrero de 2021, después de más de un año de desarrollo, se puso en marcha el sistema de información del TJA: “SITJA por sus siglas, el cual permite registrar en tiempo real las acciones que se desarrollan en cada uno de los procedimientos jurisdiccionales, permite de manera fácil y rápida conocer el estatus exacto de cada juicio; cuenta con las medidas de seguridad tecnológicas adecuadas y la base de datos en la que resguarda es del más alto nivel. (…) Ante la falta de recursos presupuestales para adquirir un sistema comercial, mediante una adecuada y propositiva colaboración del Poder Ejecutivo con nosotros, logramos su desarrollo e implementación con costos reducidos al máximo y la seguridad de que el derecho de su uso es propio”, resaltó.
Dentro del campo de la modernización, destacó también que atendiendo a un mandato de ley, implementaron el Boletín Jurisdiccional, “como la herramienta y forma de notificación de todas las resoluciones dictadas dentro de los expedientes en primera y segunda instancia, con lo que se ha eficientado la labor de notificación a las partes, representando una excelente solución dentro del marco generado por la pandemia el COVID-19, ya que las notificaciones electrónicas evitaron el contacto del personal de actuaría con los litigantes”, explicó, puntualizando que las medidas tomadas en el 2021 permitieron solo tener a trece compañeras y compañeros infectados sin ninguna consecuencia fatal.
En lo referente al ejercicio presupuestal para el 2021, afirmó que les fue asignada la cantidad de 49 millones 461 mil 280 pesos, la cual informó que fue aplicada y ejecutada con estricto apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, responsabilidad, honradez, transparencia y rendición de cuentas, “atendiendo cabalmente a lo establecido por la ley para el manejo de los recursos públicos, así como de más disposiciones estatales y federales que regulan el ejercicio del gasto público”.
El magistrado sostuvo que los retos, oportunidades y necesidades son muchos, pero no los detienen y sí los ocupan en dar lo mejor de ellos: “Sabemos que vivimos en un gran estado y que tendremos las mejores condiciones para desarrollar nuestra labor jurisdiccional. Siempre que hay desarrollo y crecimiento en las ciudades, estados o países, se encuentra inmersa una relación con los particulares, quienes en el ejercicio de sus actividades y funciones requieren y demandan de servicios, prestaciones y acciones de las autoridades. Estos son Ialgunos de los motivos por los que la actividad de otorgar justicia administrativa se incrementa y requiere el mayor apego a la legalidad y profesionalismo”, reconoció.
“Por eso desde esta tribuna del estado y como presidente del TJA les reitero a ustedes diputadas y diputados de la LX Legislatura que existe una plena convicción y compromiso por ofrecer una justicia administrativa pronta, expedida y apegada a derecho. Que adoptamos y aplicamos los principios y valores de honestidad, legalidad y transparencia en todos y cada uno de los acuerdos y resoluciones que emitimos. Sabremos estar a la altura de las necesidades sociales que este gran estado nos requiera. Nos ponemos al servicio de toda la sociedad que solicite resolver una controversia con alguna autoridad municipal y estatal. Que nadie tenga duda de nuestra autonomía técnica con la que ejercemos nuestras actividades y obligaciones diarias”, concluyó.
