Organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos rechazaron el ataque del Gobierno Federal contra la jueza Karla Macías
Más de 50 organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos expresaron su respaldo a la jueza Karla Macías Lovera, ante los ataques de presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Seguridad (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, por su resolución de suspender la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“De acuerdo con estándares internacionales reconocidos, el Poder Ejecutivo no puede interferir ni manifestarse sobre asuntos que están pendientes de resolución por el Poder Judicial. Hacerlo implica un ataque a la independencia judicial y a nuestros derechos”, indicaron.
Condenaron los intentos del Poder Ejecutivo por intentar incidir en resoluciones del Poder Judicial e hicieron un llamado enérgico al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y al resto de ministros para que resuelvan acciones, controversias y amparos sobre militarización en el país.
“Su silencio favorece el ataque a sus colegas, así como el avance de la militarización, la cual sigue vulnerando derechos humanos sin que funcionen los contrapesos necesarios en México”, argumentaron.
Además, exigieron al Consejo de la Judicatura Federal que instaure un sistema de protección para juezas y jueces que reciban ataques o criminalización por realizar su trabajo, además de pedir a la ciudadanía para que no acepte este tipo de ataques.
“Exigimos a los poderes ejecutivos Federal, y de todos los estados de la República, actuar de conformidad con nuestra Constitución, respetar la división de poderes y no menoscabar la independencia judicial”, señalaron.
En la conferencia matutina del jueves, el subsecretario de SSPC arremetió contra la resolución de la juez Macías Lovera, al señalar que no era competencia dictar la suspensión provisional.
“Esta juez se excede en sus facultades porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución Política, sólo le corresponde a la Suprema Corte, y esta juez en un primer momento decretó la suspensión de un decreto emanado del Poder Legislativo“, detalló Mejía Berdeja.
“Esta resolución, a todas luces inconstitucional, ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo federal porque se excede la juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión. Sí lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta jueza se está excediendo en sus facultades”, puntualizó.