para que los deudores alimentarios no puedan acceder a un cargo público
- Las y los legisladores enfatizaron que se debe asegurar que aquellos que ostentan responsabilidades públicas sean ejemplos de compromiso, ética y solidaridad.
- Afirmaron con convicción que ni Querétaro, ni México, ni las familias pueden estar en manos de evasores.
- Estas acciones garantizarán la protección integral de la familia receptora y el interés superior de los menores, en Querétaro la familia es una institución valiosa y que los deudores alimentarios morosos no serán tolerados
Santiago de Querétaro, Qro., 26 de junio de 2023.- Con el propósito de velar por el bienestar de las familias receptoras de pensiones alimenticias, y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los grupos legislativos del PAN y QI, presentaron en Oficialía de Partes del Poder Legislativo, iniciativa de ley para reformar la Constitución local y establecer como requisito imprescindible para ocupar cargos públicos, el complimiento de las obligaciones de pensión alimentaria, sin estar catalogados como personas deudoras alimentarias morosas.
La presidenta de la Comisión de la Familia y Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, diputada Mariela Morán Ocampo, precisó que “las familias queretanas no pueden estar en manos de evasores, pues las omisiones hacia estas, pueden convertirse más adelante, en faltas de responsabilidad de servidores públicos, afectando a la ciudadanía en general, por ello, se atenderá la reforma a los Artículos 38 y 102 de la Constitución federal y se modificarán los artículos 8, 17 y 28 y 30 Bis de la Constitución local, estableciendo como requisito imprescindible para ocupar cargos públicos, el cumplimiento y las obligaciones de pensión alimenticia. Debemos asegurarnos de que aquellos que ostentan responsabilidades públicas sean ejemplo de compromiso, ética y solidaridad”.
La legisladora informó que, según datos del Inegi, en el país tres de cada cuatro hijos de padres separados no están recibiendo su pensión alimentaria, cifra que los obliga como diputados a reflexionar y tomar acciones, ya que esta omisión impide a los menores a acceder a una vida digna, privándolos principalmente, de la alimentación suficiente, servicios de salud, de un entorno seguro y de un desarrollo integral que necesitan.
“Este es un mensaje claro de que, en Querétaro, la familia es una institución valiosa y que los deudores alimentarios morosos no serán tolerados y mucho menos en puestos de responsabilidad pública. Con este paso se fortalecerá el frente de protección a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, rompiendo la barrera de indiferencia y fijando la ética como un valor esencial de la vida pública”, precisó Moran Ocampo.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Liz Selene Salazar Pérez, indicó que, como diputados, serán defensores y se trabajará cuanto sea necesario para establecer los candados necesarios para que este tipo de personas no puedan ser gobernador, diputado o miembro de algún ayuntamiento, es decir, que no puedan acceder a cargos de elección popular y que, además, tampoco puedan ser nombradas por ninguna encomienda en el servicio público.
Recordó que, el pasado 29 de mayo, este tema fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y, en miras del próximo proceso electoral, en el que se renovarán diputaciones y ayuntamientos, se debe ajustar su marco jurídico a efecto de que la legislación vaya de la mano con lo que establece la Carta Magna.
Pérez Salazar refirió que la Constitución federal, señala que las entidades tienen 180 días para armonizar el sistema legal estatal acorde a lo mandatado, por lo que, sumando voluntades en favor de los queretanos y cerrando las puertas a quienes transgreden a otras personas, en la administración pública estatal, no habrá deudores alimentarios.
El diputado por Querétaro Independiente, Manuel Pozo Cabrera mencionó que el padrón único será competencia del Sistema Nacional DIF, alimentado por las distintas entidades federativas, por lo que el estado se debe adecuar a lo que la norma suprema señala. El legislador consideró que como política pública es más efectivo tener un listado nacional, que uno local.
Previo a entregar el documento en Oficialía de Partes, los legisladores Mariela Morán Ocampo, Liz Selene Salazar Pérez, Guillermo Vega Guerrero, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Manuel Pozo Cabrera, Ana Paola López Birlain, Dulce Imelda Ventura Rendón, Enrique Antonio Correa Sada, Leticia Rubio Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Maricruz Arellano Dorado, Alejandrina Verónica Galicia Castañón y Uriel Garfias Vázquez, ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer esta propuesta.
